Grupo de Viviendas Doramas
Cartelería en las viviendas sociales en el barrio de La Herradura, Telde.. La pieza integra texto y simbología tallados en relieve sobre un soporte continuo, incorporando emblemas del aparato sindical franquista, entre ellos el yugo y las flechas, así como iconografía asociada al mundo del trabajo. El rótulo cumple una doble función: informativa, al detallar número de viviendas y fecha de ejecución, y propagandística, al inscribir el proyecto residencial dentro del relato ideológico del Estado.
Se conocen como Viviendas Sindicales todas aquellas promociones de vivienda social y ultrabarata para obreros, destinadas a paliar el chabolismo, que se construyeron durante el franquismo, a través de organismos del régimen como la Obra Sindical del Hogar, o el Instituto Nacional de la Vivienda. Prácticamente todas aquellas nuevas barriadas fueron definidas como Grupo de Viviendas.
A a pesar de la vigencia de la Ley de la Memoria Democrática (52/2007) muchos de estos carteles y símbolos permanecen en fachadas y portales.
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Ante el fuerte déficit habitacional y la profusión del chabolismo, el régimen franquista inició una política de construcción de vivienda social que se intensificó con el Plan Sindical de la Vivienda de 1954. La Obra Sindical del Hogar (OSH) fue el organismo clave, construyendo más de 138,000 viviendas entre 1939 y 1960.
Se construyeron grupos de casas en zonas ultraperiféricas, caracterizados por ser viviendas modestas, a veces de planta baja, y en otros casos bloques de mayor tamaño. Estas viviendas servían como propaganda de la supuesta "justicia social" del Movimiento. El objetivo no fue solo habitacional, sino también de control social, creando "propietarios" en lugar de proletarios, a menudo situando a la clase obrera lejos de los centros urbanos.
La Ley de Memoria Democrática obliga a retirar símbolos, escudos, placas y monumentos que exalten la sublevación militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista en espacios públicos. Muchos ayuntamientos españoles están procediendo a dicha retirada, aunque a menudo interpretando el témino "retirar" como "destruir". Queremos dejar constancia de que Insula Signa comparte el espíritu de la ley y ve necesaria y conveniente de la retirada de estos símbolos del espacio público, pero no podemos estar de acuerdo con la destrucción de elementos del patrimonio histórico por parte de las instituciones que deberían preservarlo, por cuanto hurta a historiadores y expertos la posibilidad de su estudio. El fin último de la Ley de Memoria Histórica no es una damnatio memoriae, sino más bien lo contrario: reconocer y recordar el sufrimiento que provocó la dictadura para que no se vuelva a repetir. Existen espacios museísticos adecuados para albergar, contextualizar y catalogar estas piezas.
Referencias
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